1. Introducción y estado de la cuestión
El panorama comunicativo ha cambiado en América Latina. Señalaban Badillo, Mastrini & Marenghi, (2015) que el nuevo impulso de las Políticas Públicas de Comunicación surgió en la primera década del presente siglo, ligado al giro político a la izquierda o progresista en el continente. En la escala macro latinoamericana los presidentes Hugo Chávez, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, entre otros, incorporaron políticas públicas asumidas como programas de gobierno, cuya regulación tiene como propósito responder a las necesidades sociales, políticas, culturales y económicas.
Las políticas públicas de los mandatarios en mención le apostaron al equilibrio de los sistemas informativos y comunicativos para superar el dominio de los medios de comunicación masiva a través de la formulación de pautas o lineamientos que respondan a las necesidades reales de cada país
Particularmente el caso colombiano se ha caracterizado porque en paralelo la escala de ascenso al poder de los partidos políticos de izquierda fue distinta, por cuanto ha gravitado solo en el orden distrital y departamental. En Bogotá (Colombia), la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria fue impulsada por los gobiernos distritales autoproclamados de izquierda, liderados por los alcaldes Luis Eduardo Garzón (2004 -2007), Samuel Moreno (2008 – 2011) y Gustavo Petro (2012-2014).
Este ejercicio político en Bogotá se ha convertido en un pacto entre el Estado y la ciudadanía en cabeza de las organizaciones sociales, que buscaba durante su proceso de construcción la introducción de aspectos como la inclusión social, el reconocimiento de la otredad, la promoción de la identidad local, la democratización de la información, la organización social centrada en los intereses locales y el fomento de la participación ciudadana y de los medios comunitarios y alternativos.
En concordancia con lo anterior, el caso de la organización Bogotá Social es interesante para los propósitos de la presente exposición, porque es un medio comunitario con una trayectoria de más de doce años, que hizo presencia en las mesas de trabajo durante la construcción de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá. Su recorrido se ha caracterizado por encontrase fuertemente influenciada por una tendencia ideológica progresista, de modo que, una de las banderas del proyecto mediático es la construcción de la democracia informacional y la participación política, mediante la interacción con otros, en diversos escenarios comunicativos, para la comprensión de las dinámicas políticas en la capital. En esa dirección, los últimos años es notorio su empeño en la construcción de redes comunicativas con otras organizaciones del sector comunicacional comunitario.
De ahí que, el presente texto pretenda exponer concretamente cómo incidió la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria de Bogotá, en el ejercicio ciudadano del medio comunitario Bogotá Social.
1.1. El surgimiento de la comunicación comunitaria en Latinoamérica
Las décadas de los años 60 y 70 fueron decisivas para la comunicación comunitaria en Latinoamérica. Díaz Bordenave (1981) era consciente de la realidad de los medios de comunicación masiva y de su rol en el desarrollo de las sociedades modernas, pues en su opinión:
(...) los medios de comunicación masiva son de carácter comercial y rigen sus operaciones de acuerdo con los principios de la economía de mercado. Este carácter, con las restricciones que impone, y no la falta de medios en cantidad, explica porque vastos sectores de la población no son beneficiados por los medios (Díaz Bordenave, 1981:15).
En consecuencia, contaban Alfonso Gumucio y Thomas Tufte (2008) que, debido a los fuertes debates sobre el control y flujo de la información concentrada en las grandes empresas informacionales, situación evidenciada en las reflexiones del informe (Macbride, 1980), la movilización social no se hizo esperar:
La acción social y política condujeron al surgimiento de innumerables experiencias de comunicación alternativa y participativa en el contexto de comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales, cuyo principal objetivo era conquistar espacios de expresión y empoderar a las voces colectivas. Estas experiencias se desarrollaron sin seguir un modelo comunicacional previamente diseñado (Gumucio y Tufte, 2008:22).
Las distintas experiencias de comunicación comunitaria se reprodujeron rápidamente en todo el continente latinoamericano, en respuesta a la inconformidad que generaba la verticalidad de los medios de comunicación masiva en las lógicas del mundo popular (Mata, 2023).
Al respecto, Jesús Martín Barbero (1983) sugería que para definir este tipo de comunicación se requería situarlas dentro de las problemáticas de las culturas populares y no fuera de ellas. “(...) no creo que pueda definirse la comunicación popular fuera del conflicto histórico a través del cual lo popular se define en cuanto movimiento de resistencia, de impugnación de la dominación estructural en nuestra sociedad” (Revista Chasqui, 1983:5).
Así pues, todas estas prácticas comunicativas buscaban problematizar la estructura de la comunicación a partir de la vida cotidiana de los actores que integran las sociedades “modernas”. Es una comunicación que rompe el esquema dominante porque en ella “el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también de mensajes”. (Martín Barbero, 2001:228)
Ante la pregunta ¿existe alguna diferencia entre la comunicación popular, alternativa y comunitaria? K. Peruzzo (2012) indicaba que usualmente estos conceptos suelen confundirse. Aunque, esta corriente fue primero fruto de la práctica, en ella fue eminentemente claro, que en muchos casos los objetivos, las apuestas políticas y las estrategias de la comunicación popular, alternativa y comunitaria no eran fácil de desligar.
“(...) Algunas de esas denominaciones se fueron configurando con perfiles más específicos. La principal razón de esta alteración está en el cambio del contexto histórico en el que las banderas de lucha se amplían, teniendo en vista que ya no existe el carácter explícito de oposición política al autoritarismo militar y sus desdoblamientos, que antaño unía a las izquierdas. Una de esas denominaciones es comunicación comunitaria, que acabó configurándose como una vertiente más específica debido a las prácticas sociales desarrolladas” (Peruzzo, 2012:6).
Bajo esta perspectiva, la comunicación comunitaria no sólo construye relaciones con movimientos populares sino también persigue vínculos con públicos más amplios. Para Gabriel Kaplún, la comunicación comunitaria tuvo varias épocas.
La primera, según su opinión, estuvo ligada a la promoción social de las pequeñas comunidades. La segunda, derivó de la idea del desarrollo local, que privilegia las estrategias de impulso productivo y social en ese nivel. Tercera, sin haber perdido esa priorización de lo local, lo comunitario aparece ahora como un modo de pensar los procesos de cambio social profundo y, a la vez, democrático, de abajo hacia arriba (Kaplún, 2007:311).
De acuerdo con esta perspectiva, la comunicación comunitaria, es un espacio de reconocimiento de la diferencia. Por tanto, es una posibilidad para pensar otras formas de resistencia y emancipación social a partir de la interlocución ciudadana. (krohling, 2024)
Así pues, la comunicación comunitaria, es entendida aquí como un espacio de participación política en el que los grupos “marginados”, visibilizan sus necesidades y conflictos con el propósito de impulsar procesos sinérgicos de desarrollo, situados y construidos de abajo hacia arriba (Aldana et al., 2010). Por tanto:
(...) el desafío para los ciudadanos, las organizaciones civiles y los movimientos sociales no es cómo aparecer en los medios, tampoco cómo apropiarse de ellos, suena tan utópico como hacer de cuenta que no existen; el verdadero reto es aprender a servirse de ellos (Winocur, 2000:39).
En resumen, aquí se asume a la comunicación comunitaria como una práctica comunicativa que busca permear el desarrollo social y humano en su contexto, a través de procesos de gestión de conflictos y reconocimiento de los ciudadanos.
1.2. Qué entender por políticas públicas de comunicación
La preocupación por el estudio de las políticas públicas ha desarrollado diferentes formas de concebirlas. Al respecto, Califano (2013) señalaba que, si algo había arrogado su evolución a partir del siglo XIX, era precisamente un número interesante de aspectos a tener en cuenta en sus posteriores análisis, entre ellos: “las acciones y omisiones del Estado en relación a una cuestión, las decisiones del gobierno, las causas y consecuencias de su actividad, los recursos o bienes en juego, y los actores afectados o movilizados en torno de dicha cuestión” (Califano, 2013:5).
Teniendo en cuenta tales elementos, aquí se asume la política pública como:
(...) la capacidad del gobierno de estimular acciones públicas para ampliar la gama de las opciones de intervención de los actores de la sociedad en lo público, exaltando temas estratégicos que entran en la racionalidad de la política pública por cuanto se enfocan a lo público (Vélez y Zorzona, 2011:12).
En el marco de la anterior definición, las políticas públicas juegan un papel fundamental en la construcción de lo público. Es decir, tanto sus redes, territorialidades, actores y dinámicas se orientan hacia la toma de decisiones, las cuales deben afectar los asuntos públicos (Vélez y Zorzona, 2011). De ahí que, las políticas públicas originalmente se relacionen con el gobierno en acción (Zitzmann, 2024).
En principio el concepto de políticas de comunicación empieza a ser abordado en la década de los años 70, con el apoyo de la Unesco (Califano, 2018).
Para Margarita Graziano (1980) son las distintas experiencias de comunicación popular, alternativa y comunitaria, que, durante los años 70, quienes promovieron la realización del Informe McBride (1980), lo que en el trámite de la década de los años 80 forjó la madurez de las Políticas Nacionales de Comunicación como propuesta.
Luego, pese al fracaso del NOMIC y las políticas nacionales de comunicación en su búsqueda por democratizar la comunicación y la información, la comunicación comunitaria continúo ubicando en la palestra pública de las microescalas sociales la necesidad de la democracia, esta vez acentuando el papel de la ciudadanía en los procesos de comunicación y el desarrollo.
Según Rafael Roncagliolo (2008) el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) y las Políticas Nacionales de Comunicación tenían algo en común. Su preocupación por “(...) la democratización de las relaciones de comunicación entre los países y la democratización de las relaciones de comunicación dentro de los países. (...) Las iniciativas sobre el NOMIC y las políticas nacionales de comunicación son las dos caras de una misma moneda” (Roncagliolo, 2008:508).
En ese contexto, por política nacional de comunicación se entendió como:
(...) un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país (Beltrán, 2005:17).
En opinión de Roncagliolo (2008:503), “(...) las políticas nacionales de comunicación se refieren precisamente a los modos en que las sociedades y los Estados organizan o desorganizan los sistemas nacionales de comunicación y, por esta vía, afectan a las culturas nacionales”.
Hasta este punto, para efectos del presente trabajo, se entienden las políticas de comunicación como un escenario de pugna y tensión, a partir del cual se originan procesos dinámicos de “interacción entre diversos actores, institucionales y no institucionales, que persiguen variados intereses y recurren a mecanismos formales e informales para influir sobre la configuración de los sistemas de medios” (Califano, 2016:134), que como lo plantearán Chaparro y Escorcia (2014), “están dirigidas a guiar las conductas de las instituciones especializadas en la administración del ámbito de la comunicación” (Chaparro & Escorcia, 2014: 36).
De manera reciente, Badillo, Mastrini y Marenghi (2015) señalan que, en el actual momento, las políticas públicas de comunicación se caracterizan por ser un aspecto central en los discursos de gobiernos de izquierda en la región, con los que se busca alterar y desmontar la herencia del neoliberalismo.
Hasta qué punto las políticas formuladas –y en proceso de elaboración– por los nuevos gobiernos autodenominados progresistas conseguirán los objetivos propuestos de una mayor democratización de la comunicación, es algo que deberá esperar la evaluación del tiempo (Badillo y otros, 2015:120).
En síntesis, a partir de esta última postura, se expone la existencia de una gradual polarización en el presente de las políticas públicas de comunicación. Un interrogante planteado por Badillo, Mastrini y Marenghi (2015:121), que bien vale la pena dejar aquí, tiene que ver con la evaluación y “(...) la forma en la que los cambios regulatorios auspiciados por las nuevas políticas de comunicación se vinculan con las actuales lógicas industriales y tecnológicas y los procesos de digitalización y convergencia”.
1.3. La ciudadanía: un campo de resistencias
Abordar el concepto de ciudadanía implica reflexionar sobre el problema de la democracia. Al respecto Boaventura de Sousa Santos (2014) señala la existencia de un proceso de retroceso democrático al que se enfrentan la mayoría de los países considerados modernos.
Hoy, tal retroceso se explica mediante la adopción impositiva de la lógica neoliberal. Las políticas neoliberales penetraron los sistemas económicos y políticos globalmente, antes de insertarse en los Estados individualmente, de modo que la fusión neoliberalismo y capitalismo ha venido generando que el modelo de la democracia liberal, que de cierta manera servía de articulador entre la democracia representativa y el capitalismo, se esté destruyendo. “Por eso podemos decir que la democracia liberal en estos momentos se encuentra perdiendo la batalla ante el capitalismo” (De Sousa Santos, 2014). En efecto, el capitalismo en el momento actual tiene la confianza de ser afianzado por dirigentes políticos que le apuestan a la maximización de las ganancias.
El dilema reside en que, en un contexto ideológico saturado por el consumismo, la erosión de las concesiones y el aumento de la disciplina y de los ritmos que lo acompañan, eliminan en vez de promover la voluntad de luchar por una vida diferente e incluso la capacidad de imaginarla (De Sousa Santos, 1998:408).
De tal manera, en su opinión, la construcción de una nueva teoría de la democracia puede constituirse en una alternativa al dilema. Esta propuesta gira en torno a tres objetivos sustanciales, íntimamente relacionados entre sí. El primero de ellos tiene que ver con la reconstrucción del concepto de ciudadanía; el segundo y tercero, -dado lo anterior- se orientan hacia el planteamiento de una nueva teoría de la subjetividad y de la emancipación, lo cual debe permitir repensar el concepto de sujeto y la transformación de la práctica social.
Así pues, desde la perspectiva de Boaventura De Sousa Santos (1998) la transformación de la teoría democrática debe enfocarse en viabilizar la formulación de criterios de la participación política, cuya figura no se limite al ejercicio del voto. De modo que, para esta postura es necesaria la interacción entre las democracias representativa y la participativa, y, por tanto, para que ello se materialice, se requiere que el campo de lo político sea rediseñado y ampliado.
Aumentar el campo político en las intersecciones de las democracias propuestas, implica entonces politizar los espacios y las prácticas sociales que fueron despolitizadas. Si bien es cierto la democracia representativa simbolizó un triunfo para las clases trabajadoras, dada la concesión de derechos y beneficios sociales otorgadas por parte del capitalismo, lo que generó la consolidación de este último como única forma posible de transformación, también lo es el hecho de que la tradición política liberal parcializó y sectorizó lo político al quehacer del Estado; por tanto su consecuencia se tradujo en la desactivación del ejercicio de la ciudadanía en otras dimensiones de lo público.
Considerando lo antes mencionado, es clave resaltar que desde esta apuesta:
“(...) politizar significa identificar relaciones de poder e imaginar formas prácticas de transformarlas en relaciones de autoridad compartida. Las diferencias entre las relaciones de poder son el principio de la diferenciación y estratificación de lo político. En cuanto tarea analítica. y presupuesto de acción práctica, es tan importante la globalización de lo político como su diferenciación” (De Sousa Santos, 1998:332).
Por esta razón, espacios como el de la ciudadanía, el doméstico, la producción y el mundial son algunas de las dimensiones estructurales, que, en opinión de este autor, requieren re - politizarse dadas las asimétricas relaciones de poder, escenario de tremendas desigualdades e injusticias políticas, sociales, culturales y económicas, que se expresan en patriarcado, explotación, fascismos, dominación, entre otras formas de poder, producto del desequilibro en la relación capital y democracia.
En opinión De Sousa Santos (2004) la resistencia social alcanza tal carácter cuando sus acciones se colectivizan para hacer frente a estas dinámicas y relaciones del poder. De modo que, la democracia participativa:
(...) confronta de manera privilegiada la dominación, el patriarcado y la diferenciación de identidad desigual; los sistemas de producción alternativos confrontan en especial la explotación, el fetichismo de las mercancías y el cambio desigual; el multiculturalismo emancipador y las justicias y ciudadanías alternativas ponen resistencia en especial a la diferenciación de identidad desigual, a la dominación y al patriarcado; la biodiversidad y los conocimientos rivales confrontan de manera privilegiada el cambio desigual, la explotación y la diferenciación de identidad desigual; finalmente, el nuevo internacionalismo obrero pone resistencia en especial a la explotación, al cambio desigual y al fetichismo de las mercancías (De Sousa Santos, 2004:24).
A partir de lo anterior, se puede decir que la propuesta de transformación de la teoría democrática radica en el tránsito de una democracia de baja intensidad a una democracia de alta intensidad y/o de una ciudadanía de baja a una de alta intensidad, cuyo objetivo se concentra en la promoción de la participación política del ciudadano en la toma de decisiones sobre los asuntos concernientes a su vida cotidiana. “Esta propuesta teórica se basa en la idea utópica de una exigencia radical: que sólo habrá emancipación social en la medida en que haya resistencia a todas las formas de poder” (De Sousa Santos, 2004:24).
Por esta razón, las resistencias de cara a las dinámicas del poder, aquí enunciadas, son en esencia resistencias de naturaleza política y por ende participativas. “Donde hay poder hay resistencia” (Foucault, 2007:116), por tanto, son dos realidades inseparables. De ahí que, “las fuerzas de resistencia con la que el poder se enfrenta son múltiples, móviles y se encuentran dispersas por todas partes, como la naturaleza misma del poder” (Aguiló, 2009). Por esta razón, se entiende aquí que el concepto de poder tiene que ver con la regulación y el intercambio desigual, y la manera en que se produce y reproduce mediante complejas redes de relaciones sociales y políticas. Según Useche:
“Las resistencias son básicamente expresiones micropolíticas. Se fugan de los poderes de centro en donde reside la macropolítica, se desmarcan de los territorios de los poderes soberanos encarnados en los Estados o en las formas – Estado como los partidos políticos, la institución sindical o los ejércitos de cualquier condición, incluidos los populares” (Useche, 2016:29).
De modo que, la micropolítica tiene que ver con las interacciones y la dinámica de los pequeños encuentros, con el sentido y el significado de las acciones de los sujetos anónimos, con la conformación de los vínculos y el tejido de redes. Este tipo de organización es concebida por el profesor Useche (2016) como expresiones micropolíticas.
“Ello implica que los resistentes intenten crear otros territorios, inventen nuevas formas de encuentro, de asociación, o rehúyan a ser representados en los centros. La micropolítica resistente genera un campo de creación, apto para la irrupción de nuevas modalidades de vínculo social, de originales formas de acción pública que permiten el trazado y la apuesta en obra de otros mundos sociales y políticos. Esto es lo que permite vislumbrar que otros mundos están siendo posibles” (Useche, 2016:29).
De acuerdo con lo anterior, en nuestra opinión, la ciudadanía en resistencia confronta la verticalidad neoliberal y a su vez combina las formas individuales con acciones colectivas, de manera que son sujetos que buscan incidir o alterar su contexto político. Así pues, la relación existente entre las expresiones de la micropolítica de la resistencia y la democracia participativa reside en que ambas lógicas se conciben como una forma organizativa y una práctica de lucha política. La democracia participativa habita entonces en el escenario de la micropolítica.
En esencia, la democracia participativa atiende las interacciones entre los actores sociales y a su vez las relaciones construidas con su entorno, con lo que busca involucrar a la ciudadanía en la política. Por tanto, desde esta perspectiva, las luchas cotidianas son procesos “para expandir los espacios políticos más allá de las localidades creando conciencia en la gente y formando sus propias organizaciones, (..) lo que contribuye a crear una cultura política de la democracia participativa” (Sheth, 2004:111). De modo que, la idea recae en el reconocimiento de la diferencia política, el ejercicio ciudadano consultivo y decisorio y la reestructuración del Estado a través de la participación.
A partir de lo anterior, el presente texto asume que la ciudadanía habita en el campo de la micropolítica y la democracia participativa. Según Martínez (2012), en el escenario de la micropolítica:
(...) surgen y circulan formas de poder constituyente, espacios resignificados donde, a partir de la práctica de la libertad, se crean posibilidades para nuevas maneras de ciudadanías, para que se produzcan reconfiguraciones de la democracia; sitios inéditos de lo público que se desplaza como trayectos móviles de encuentro de diversas posiciones subjetivas surgidas de la experiencia resistente (Martínez, 2012:31).
En ese orden de ideas, a manera de síntesis se asume que:
(...) La ciudadanización de la ciudadanía requiere, en este sentido, la construcción y consolidación de nuevos espacios de democratización y autonomía, espacios de poder compartido. Esto implica acabar con las estructuras y los enclaves autoritarios que (re)producen desigualdad y fueron confinados por la teoría política liberal al ámbito de lo privado no político, obstaculizando el proyecto de radicalización democrática (Useche, 2016:18).
El ciudadano, en cooperación con otros, busca irrumpir la patología de la representatividad, otorgándole una perspectiva distinta a su participación en proyectos políticos, sociales, cultuales y económicos. En eso consiste la transformación de la ciudadanía.
De modo que, ciudadanizar la ciudadanía en el campo de la comunicación propuesto, implica la construcción de escenarios en los que prime el debate y la deliberación pública, por ende, la democracia participativa, en la que el poder es compartido, busca estimular la reflexión, pero también la acción democrática.
Tal argumento propone que el ciudadano debe contar con la posibilidad de participar y decidir sobre su presente y su futuro en un contexto político determinado; entonces, un ciudadano políticamente activo, estará en capacidad de sentirse identificado con su comunidad política y en consecuencia, de asumir su responsabilidad en la reflexión y transformación social, en la medida en que se le permita decidir autónomamente sobre sus asuntos públicos (Aldana, et al., 2010).
2. Metodología
La propuesta de investigación tuvo por objetivo general establecer cómo la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá incidió en el fortalecimiento de la ciudadanía y la participación en el medio comunitario Bogotá Social, desde su promulgación hasta hoy.
De ahí que, se ubicará en el marco del enfoque interpretativo. La metodología aplicada fue el estudio de caso cualitativo, pues ella permite la reconstrucción de las distintas realidades desde la propia mirada de sus protagonistas.
De acuerdo con lo anterior, el ejercicio investigativo se realizó junto con los miembros del medio comunitario Bogotá Social, medio de comunicación comunitario situado en la localidad de Engativá desde hace más de doce años, cuyo propósito es el abordaje y promoción de asuntos relacionados con la educación, la cultura y todo aquello que sea de interés de la comunidad.
Para los propósitos de la investigación la experiencia de esta organización social es relevante porque hizo parte del proceso de diseño y formulación de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá durante el año 2007 y desde entonces, se ha convertido en un colectivo que apela por la defensa de los derechos humanos y la libre expresión.
En coherencia con el enfoque y la metodología aplicada, las técnicas implementadas fueron la historia de vida al director del medio comunitario en la que se realizó un acercamiento a las vivencias construidas en torno a su vinculación a los medios de comunicación comunitarios, sus aportes a la construcción de la política pública y su percepción frente al estado actual de la política distrital de comunicación comunitaria, situación que permitió comprender su trayectoria y percepción de la realidad. Por otro lado, se aplicó el análisis documental en doble vía, primero, se rastrearon documentos institucionales frente a la construcción de la política pública como memorias, actas, los decretos que dieron vida a la política pública, sin olvidar investigación previas frente al tema de interés, y segundo, documentos internos del medio como: actas, objetivos, misión, visión, principios del medio y la producción mediática, dichos documentos ayudaron a describir y recuperar información relevante del proceso y finalmente, el grupo de discusión en el marco de las nuevas asociatividades generadas por la organización social en donde salieron a relucir dinámicas propias del medio de comunicación comunitario y de los medios de comunicación comunitarios en Bogotá.
3. Análisis y resultados
En el contexto colombiano, particularmente luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se abrió la puerta al debate sobre el papel de estas prácticas comunicacionales en la construcción de país. Según Jeanine El Gazi (2010), dicho escenario político fue aprovechado para propiciar la primera legislación en radio comunitaria, que finalmente vio los resultados en el Decreto 1447 de 1995, a través del cual se fundamentó el funcionamiento de las radios comunitarias en el país. Sin embargo, una de las carencias del proyecto legislativo consistió en que no cobijaba otros sectores poblacionales dedicados a la misma función social, entre ellos la prensa escrita y la televisión comunitaria.
A partir de allí, y con la experiencia de las radios comunitarias, los sectores orientados a distintas prácticas de la comunicación comunitaria y alternativa comenzaron su propia lucha organizativa para impulsar la creación de un espacio político en el que todos tuvieran cabida.
La conquista del poder, por parte de partidos políticos progresistas en el gobierno distrital, despejaría el camino a la gestión de una política pública más incluyente. En Particular el mandato de Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante el periodo 2004 y 2007, sería el que más impulsará la propuesta.
En efecto, durante estos años el ciclo del proceso sería el consenso colectivo sobre la definición de la comunicación comunitaria, para determinar los alcances de la política pública. Luego de innumerables debates la definición acogida por la mayoría de los protagonistas y que fue consignada en el decreto 150 de 2008 fue:
Proceso mediante el cual las comunidades asumen una voz propia y se organizan para integrarse y visibilizarse por intereses comunes (género, edad, etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones físicas y/o mentales, origen, territorio y asuntos lingüísticos, entre otros), para desarrollar y gestionar procesos comunicativos (medios de comunicación, formación, investigación, organización, entre otros), que reivindiquen a la población y sus derechos humanos (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008).
Durante el trabajo de campo, fue recurrente abordar las razones por las cuales las organizaciones sociales decidieron vincularse a la formulación de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá.
Contaba Rodrigo Acosta (2020), director del medio comunitario Bogotá Social, que por aquella época las organizaciones sociales comenzaron a inquietarse debido a que los medios de comunicación tradicionales cerraban sus puertas a cualquier forma de expresión provenientes de sectores vulnerables.
En ese mismo contexto, Acosta (2019) reconocía que en Bogotá los medios eran más iniciativas personales que colectivas, “(...) existen iniciativas de organizaciones sociales que no logran comprender la necesidad de construir unos medios fuertes” (Acosta, 2019). Condición que, en muchos casos, aún en el presente, continúa siendo más la norma que la excepción.
En consecuencia, las distintas organizaciones sociales durante los primeros pasos de la política pública del 2007 defendieron dos ejes estratégicos de acción. Uno político – reivindicativo. Y otro, económico.
Algo interesante en la práctica del medio comunitario Bogotá Social es su manera de asumir el problema de la democracia comunicativa en la capital, la cual gira exclusivamente en torno a la democratización del pautaje.
En este caso, la democratización de la pauta publicitaria posee a su vez dos ángulos de observación. El primero de ellos tiene que ver con la democratización de los gastos de divulgación en el sector público, y, por otro lado, la democratización del pautaje en el sector privado.
No obstante, en la construcción de la política pública nunca se estableció cómo puede financiarse el sector de la comunicación comunitaria y alternativa, lo cual resulta un asunto problemático. De manera genérica se menciona el apoyo para el desarrollo de este tipo de iniciativas, pero no se detalla a qué tipo de respaldo se refieren. Lo que indicaría, en resumen, que la democracia de divulgación y pauta expuesta por Acosta (2020), se encuentra orientada sobre la base de la democracia de redistribución económica, pero no tanto en la democracia comunicativa.
De ahí que, resulte paradójico imaginar una política pública sin asistencia económica por parte del gobierno distrital. En opinión del entrevistado, el gasto público de divulgación y pautaje no puede quedar solo en manos del sector privado, porque con ello se comprobaría que el reconocimiento de la comunicación comunitaria se hace efectiva en la regulación, pero no en su práctica.
Con ello, entonces cobraría sentido la afirmación de Roth (2003) cuando asegura que la organización – en nuestro caso la administración distrital – “define de manera estática la cantidad de recursos, pero de manera dinámica las oportunidades de cooperación en función de situaciones problemáticas específicas y contingentes” (Roth, 2003:25). Ante la desigualdad de los actores en su asociatividad con el Estado, se legitiman las instituciones, pero se despolitizan las acciones ciudadanas.
En ese marco ¿Es la política pública de comunicación comunitaria promotora del ejercicio ciudadano en el medio comunitario Bogotá Social? Es un interrogante que merece ser estudiado desde la orilla de la ciudadanía en resistencia.
Para iniciar, debe decirse que el medio comunitario es anterior a la política pública, de modo que originalmente su proceso comunicacional siempre fue promovido por la experiencia de vida personal de su director. Pese a las contrariedades del contexto político en el que surgió la propuesta comunicativa, siempre buscó la autonomía del proyecto comunicacional. Lo cual quiere decir que inicialmente se configuró como una propuesta de resistencia social y política.
Interpretando al profesor Useche la ciudadanía en resistencia posee varias características. La primera de ellas, la resistencia es un proyecto de poder ciudadano que se aleja de los poderes establecidos. Así pues, el poder ciudadano reside en el reconocimiento del orden homogéneo, que se manifiesta en el ejercicio de un poder político coercitivo (Useche, 2010).
Esta particularidad de la ciudadanía en resistencia ayuda a comprender mejor el ejercicio ciudadano del medio. Según se constata el objetivo de Bogotá Social consiste en hacer una comunicación distinta a la ofrecida por los medios tradicionales, pero también el de constituir un medio para convocar comunidades y para informar sobre las acciones adelantadas por el gobierno distrital (Acosta, 2019). Podría decirse entonces que el reconocimiento de la dominación mediática y política, en este caso, es el detonante original del surgimiento del medio en la escena pública.
De esta forma, se entiende que el medio en su práctica de resistencia ciudadana intentaba promover la problematización de la democracia representativa circulante en la capital y generar en las comunidades conciencia crítica sobre las consecuencias de la delegación del poder de manera incondicional.
Otra característica importante de la ciudadanía en resistencia tiene que ver con la libertad y la autonomía, derechos que se constituyen de manera colectiva. Es decir, es en la reflexividad ciudadana donde puede surgir la autofundación del orden social. Lo que significa que la constitución de ciudadanía implica la construcción de nuevas relaciones que promuevan variadas alternativas de existencia de cara a la supremacía en el ejercicio del poder.
Este aspecto se asume como uno de los factores por los cuales las resistencias en sus primeros estadios no son perfectas; tampoco tienen por qué serlo si se tiene en cuenta que son a su vez procesos en constante reflexión y acción. Se hace hincapié en ello porque, aunque el medio se concibe en el marco de lo alternativo y lo comunitario, fue recurrente durante la primera etapa de gestación del medio de comunicación una relación antagónica o de confrontación entre Estado – organizaciones sociales, medios masivos – medios comunitarios y alternativos.
Por tanto, es importante reiterar, tal como lo señala el profesor Useche, que la resistencia ciudadana gira en torno a continuos procesos de transformación cuyo propósito es desactivar este tipo de lógicas y propiciar acciones creativas, “que potencien todas las fuerzas sociales y produzca (n) nuevas relaciones sociales que atraviesen el conjunto de las dimensiones en las cuales se organiza la vida”. (Useche, 2016:71)
De ese modo, entender la ciudadanía a partir de la resistencia política y social del medio de comunicación, implica entonces pensarla a partir de su interés por involucrarse en la toma de decisiones sobre la construcción de lo público no determinada por el poder y la dominación.
Ahora, asumiendo estas características de la ciudadanía en resistencia ¿cómo concebir al ciudadano que habita en dicha práctica democrática?
Un ciudadano, como lo plantea José Toro, es un sujeto que se encuentra “en cooperación con otros, de construir o transformar las leyes y normas que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos” (Toro, 2007:8). En otras palabras, un ciudadano es un ser humano que no tiene la obligación de coincidir con los planteamientos establecidos por el gobierno o centros de dominación. Un ciudadano posee la infinita capacidad de emanciparse, pues decidir en cooperación con otros es profundizar en la democracia.
“Es decir, la condición de ciudadanos no pasa solo por hacer parte de un Estado, sino también por hacer parte de una sociedad, de un colectivo que posee algo en común. El problema está, de un lado, en que cada vez más las sociedades están más interesadas en la esfera privada que en la pública. De tal forma que lo “común” se construye a partir de la esfera privada y no en la pública.
Y de otro lado, las mismas sociedades y los Estados excluyen a otros “ciudadanos” distintos. Lo que estamos diciendo es que no todos los habitantes de un municipio colombiano son ciudadanos, no sólo porque no se interesen por la esfera pública, sino porque no son reconocidos como tales por sus pares y por el mismo Estado” (Rocha y otros, 2010:22).
En efecto, hallar la incidencia de la PPDCC sobre la ciudadanía ejercida por el medio de comunicación requiere entonces acercarse a su acción comunicativa.
La revisión documental de sus piezas comunicativas indica en teoría el ejercicio de una ciudadanía en resistencia amparada en la escena micropolítica bogotana, basada en la creación de realidad mediante la generación de saberes locales. No obstante, debe señalarse, que las temáticas abordadas por el medio comunitario corresponden a los intereses particulares de su director.
Es decir, el medio de comunicación estimula, a través de la información que en él circula, la generación de nuevas relaciones y formas de existencia en la macro escala. En tal sentido, la resistencia mediática ejercida por Bogotá Social “se convierte en un analizador práctico de nuevos espacios políticos y, en ese sentido en la apertura a nuevos modos de la política” (Useche, 2014:198).
También se evidencia, en sus narrativas mediáticas, la existencia de divisiones dentro del sector de la comunicación comunitaria en Bogotá y fuertes tensiones sobre la carencia de apoyo económico por parte de la administración distrital en el desarrollo y sostenimiento del sector.
Con lo antes señalado se asume la existencia de dos niveles de la ciudadanía en resistencia. Por una parte, se muestra un medio de comunicación que intenta a través de su plataforma virtual, poner en consideración de su audiencia el estado de los debates en la ciudad, en este caso de cara a la necesidad de incorporar en los planes de desarrollo distrital a los medios comunitarios en Bogotá, lo cual sugiere una forma de acción pública que busca el encuentro del mundo social y político. Y, por otro lado, se evidencia una crítica abierta a la representación política, que paradójicamente se encuentra fragmentada entre los resistentes.
En síntesis, se podría decir que la producción mediática del medio Bogotá Social camina entre la micropolítica representada en los acontecimientos cotidianos y la macropolítica encarnada en la esfera política de la admiración distrital. Lo que se nota en su trabajo periodístico comunitario es el interés por contrastar las distintas manifestaciones de poder político, económico y simbólico presentes en la ciudad.
Para construir ciudadanía y otros mundos posibles se requiere de ciudadanos informados sobre los asuntos que adolecen.
En ese sentido, con la revisión documental realizada, se constata que el medio comunitario en su acción comunicativa dentro de la escala micropolítica, busca generar opinión pública. “La opinión pública es el conjunto de las opiniones de los ciudadanos y lo que cuenta no es que los ciudadanos compartan la opinión (...)” (Savater, 2003:73), paradójicamente no es un campo abierto en el cual las personas se encuentren unas con otras. Es decir, aunque el medio de comunicación comunitario busca visibilizar información de interés común, ello no implica que existan redes de cooperación, confianza y reciprocidad con las comunidades que integran el territorio en el que se sitúa su práctica comunicativa.
Ahora, lo que se muestra con esta revisión es que la PPDCC incide en el ejercicio ciudadano del medio de comunicación por cuanto, a partir de ella, Bogotá Social práctica una ciudadanía en resistencia al poder político dominante, que luego durante el proceso se va politizando.
Con lo anterior, podría decirse que el tipo de ciudadanía ejercida por el medio comunitario transciende la lógica de los deberes y los derechos para establecerse en la lucha por la decisión política. Es decir, es una ciudadanía que apela por la creación de nuevas condiciones políticas y económicas sobre todo en el ámbito de las relaciones establecidas en la dimensión estatal.
4. Discusión y conclusiones
Debe decirse que la estructura organizativa del medio de comunicación comunitaria y alternativa, de manera paulatina, fue evolucionando antes, durante y después de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria (PPDCC), pues se evidencia en algún grado su tránsito de lo individual a lo colectivo. Lo que quiere decir que la reinvención de la emancipación social, en este caso, fue detonada por los desafíos que puso en la palestra pública las nuevas dinámicas de la PPDCC, lo que exigió otras prácticas ciudadanas de resistencia.
Como bien señalaba De Sousa Santos (1997:77): “(...) un mecanismo alternativo de resolución de litigios puede muy bien transformarse en un mecanismo alternativo de creación de conflictos”. En este punto, vale la pena señalar que la PPDCC durante su surgimiento simbolizó una alternativa legal en el reconocimiento político de la comunicación comunitaria y su papel en los proyectos de ciudad, no obstante, hoy representa un conjunto de normas que materializan nuevas formas de exclusión y por ende de conflicto.
Un aspecto que puede fortalecer la estructura interna de Bogotá Social es ampliar la opción de participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre su agenda mediática. Vincularse de forma reactiva a las problemáticas y conflictos de la vida cotidiana del ciudadano común en la esfera de la microescala, y, por tanto, propiciar su gestión, puede generar una relación de doble flujo en la que se logré potencializar la confianza en el medio, pues de acuerdo con lo planteado por Rocha et al. (2008) la confianza se mide con hechos.
Reconstruir el capital social con las comunidades de base podría significar, por un lado, mayor acompañamiento estructural dentro del medio, como también, un avance significativo en la articulación del interés particular con los intereses públicos de cara a la reconstrucción de la PPDCC y, por otro lado, ampliaría el debate sobre la necesidad de la democratización de la comunicación y la información en espacios subalternos, distintos a los ya consolidados. Por tanto, las acciones colectivas emprendidas por el medio tendrían un sentido diferente en la escala micro y una amplia potencialidad como proyecto democrático en la construcción de ciudadanías activas.
Por otra parte, frente al sentido de la comunicación comunitaria y alternativa que le otorga el medio Bogotá Social, aquí se encontró que habita principalmente en la lógica de la reivindicación de los derechos, las demandas de las comunidades excluidas y como una posibilidad contrahegemónica de concebir y vivir la comunicación.
Contaba Rosa María Alfaro, que en las décadas de los años setenta, ochenta y parte de los noventa la comunicación alternativa fue entendida como la opción opositora a la versión comercial. “No sólo porque criticaba abierta y decididamente a la sociedad dominante, sino porque a través de ella se dio a conocer la realidad y la cotidianidad del mundo popular y su importancia dentro de ella” (Alfaro, 2006:111). En efecto, la vida organizativa de Bogotá Social se caracterizó en principio por su negación a los medios masivos y su poca claridad sobre el para qué del mismo.
A su vez, Alfaro (2006) también señalaba uno de los problemas de la comunicación alternativa, “la participación era el sentido y la práctica, pero al interior de los sectores populares” (Alfaro, 2006:121). Contrario a lo anterior, en el caso de Bogotá Social, el sentido y la práctica comunicacional gravita la mayor parte del tiempo en una escala política más amplia, pero en su estructura interna el medio comunitario carece de participación ciudadana y de interacción con las necesidades presentes en las comunidades de base.
Frente a la manera que incide la política pública de comunicación comunitaria en el ejercicio de la ciudadanía del medio comunitario, se sume que durante su construcción y consolidación es ella precisamente el motor de dos procesos interesantes de ciudadanía. Por un lado, se encuentra el ejercicio de una resistencia que pulula en el escenario de la macropolítica que, en segundo lugar, estimula al medio comunitario a la construcción de procesos asociativos de democracia participativa en esa misma escala.
El medio de comunicación ejerce una ciudadanía que camina entre el mundo de lo público y lo privado, la cual no reconoce ni legitima las prácticas sociales y políticas comunitarias, de este modo es una ciudadanía que estratégicamente emprende acciones políticas y comunicativas dependiendo de su posición en el juego de las relaciones de poder establecidas en el seno de la PPDCC.
Lo que queda del proceso de investigación es la evidencia de una ciudadanía que se reconfigura constantemente en los bordes de la democracia representativa. En la medida en que se fortalezcan los procesos de auto y reconocimiento de los actores sociales y de las comunidades donde tiene lugar estas prácticas comunicativas, se podrá constituir una fuerza política capaz de incidir en la transformación de los poderes dominantes de la representación política y económica. Por ahora, lo interesante es que se ha iniciado un nuevo proceso para la comunicación comunitaria y alternativa en Bogotá. Con seguridad mientras la utopía permanezca vigente se activarán nuevas opciones ciudadanas.