Periodismo español y violencias contra las mujeres (1999-2023): ética, legislación y tendencias investigativas

Spanish journalism and violence against women (1999-2023): media ethics, legislation and research trends

https://doi.org/10.56418/txt.19.1.2025.3

María Sánchez-Ramos
https://orcid.org/0000-0002-9903-116X
[msanchez103@us.es]
Universidad de Sevilla (España)

Belén Zurbano-Berenguer
https://orcid.org/0000-0002-2743-236X
[bzurbano103@us.es]
Universidad de Sevilla (España)

Recibido: 29-03-2025
Aceptado: 05-06-2025

Esta obra se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons:
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Resumen

Este estudio realiza un análisis del desarrollo deontológico en el tratamiento mediático de las violencias contra las mujeres en el Estado español. Su evolución parte de finales de los 90, con el origen de la tematización en agenda a partir del feminicidio de Ana Orantes, y se extiende hasta nuestros días, marcada por las violencias sexuales. La investigación cartografía el origen del desarrollo deontológico-profesional, analizando la interrelación entre iniciativas político-legislativas, documentación deontológica y acervo investigador. Los resultados persiguen la transferencia del conocimiento al sector profesional y presentan una cronología basada en el análisis deontológico, destacando el rol de los medios como herramientas de concienciación social. Se identifica un consenso ético, aunque persisten carencias en la formación periodística. Frente a las representaciones lesivas de víctimas y supervivientes, la producción científica abre paso a narrativas contrahegemónicas que reconocen su agencia, dignidad y heterogeneidad desde los postulados del periodismo feminista.

Palabras clave: periodismo feminista, violencia de género, violencia contra las mujeres, ética mediática, Estudios Feministas Comunicación

Abstract

This study analyses the deontological development of the media's treatment of violence against women in Spain. Its evolution starts at the end of the 1990s, with the origin of the thematisation on the agenda following the feminicide of Ana Orantes, and extends to the present day, marked by sexual violence. The research maps the origin of the deontological-professional development, analysing the interrelationship between political-legislative initiatives, deontological documentation and the body of research. The results aim to transfer knowledge to the professional sector and present a chronology based on deontological analysis, highlighting the role of the media as a tool for raising social awareness. An ethical consensus is identified, although shortcomings persist in journalistic training. In contrast to the harmful representations of victims and survivors, the scientific production opens the way to counter-hegemonic narratives that recognise their agency, dignity and heterogeneity based on the postulates of feminist journalism.

Keywords: feminist journalism, gender-based violence, violence against women, media ethics, Feminist Media Studies

Sumario: 1. Introducción: Las violencias contra las mujeres en los Estudios Feministas de la Comunicación. 2. Marco teórico: Comunicación, violencias contra las mujeres y efectos. 2.1. El inicio de las reflexiones éticas: de la reproducción de la violencia a la implicación en su erradicación. 3. Objetivos 4. Apuntes metodológicos. 5. Documentación deontológica sobre violencias contra las mujeres. 5.1. Cronología de la cobertura de las violencias machistas en los medios. 5.2. Elementos de discusión deontológica. 5.3. Material deontológico sobre violencias contra las mujeres en el Estado español. 6. Discusión, conclusiones y retos de futuro. 7. Apoyo. 8. Referencias.

1. Introducción: Las violencias contra las mujeres en los Estudios Feministas de la Comunicación

La violencia contra las mujeres es considerada un indicador internacional de la desigualdad de género en las sociedades, así como un medidor de la calidad democrática en los estados. En la actualidad, la creciente popularización de la retórica igualitarista y del propio feminismo (Gill, 2016; Valcárcel, 2009) convive con la reproducción e incluso con el recrudecimiento de las desigualdades económicas, raciales y de género (Gill, 2016, 2017; Gill y Scharff, 2013; Talpade Mohanty, 2008). Hechos que discurren en una intensa neoliberalización de las democracias occidentales (Brown, 2015; Duggan, 2003; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2017; Walby, 2011). En este sentido, los medios de comunicación, como instituciones sociales de primer orden, participan de estas democracias ambivalentes en las que funcionarían, al mismo tiempo, como re-productores de realidades desiguales y discriminatorias y, también, como posibilitadores de transformaciones en las relaciones y subjetividades de género.

La violencia de género constituye uno de los objetos de estudio principales del universo epistemológico de la ética mediática (Polledo-Zulueta, 2025). Desde su surgimiento, el estudio de cómo los medios reflejan y narran las violencias múltiples a las que estamos sometidas las mujeres ha estado fuertemente vinculado al paradigma de los efectos de la comunicación.

Si bien el estudio de las representaciones mediáticas de las violencias contra las mujeres1 (en adelante, VVCMM) es relativamente joven, la solvencia y rigurosidad de las recientes investigaciones bibliométricas y metateóricas (Aldrete et al., 2024) dan buena prueba de su madurez científica (López Rabadán y Vicente-Mariño, 2011ab). No obstante, hay que aclarar que no todos los trabajos se corresponden con el enfoque feminista que reclama esta investigación. Por tanto, aunque aborden científicamente elementos de interés para los Estudios Feministas de la Comunicación (en adelante, EEFC), no todos pueden considerarse como tal.

María José Sánchez-Leyva y Alicia Reigada (2007) ya definieron los EEFC como un espacio de estrecha interacción entre teoría y praxis (pp. 7-28), orientada hacia la crítica y la transformación social que ha derivado en una vocación política. Esta voluntad transformadora de la realidad (estudiar para desvelar, denunciar y cambiar) que adoptan los EEFC conecta con el deseo transformador de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Así, coincidimos con Alejandro Barranquero y Nieves Limón (2017, p.4) cuando afirman que “el área no se limita a reflexionar acerca de la relación entre los procesos de comunicación y de transformación, sino que su objeto último es intervenir en la realidad con el objetivo de mejorarla”.

Tras décadas de estudio, el diagnóstico de los EEFC podría condensarse en estas tres cuestiones:

  1. En la dimensión de la producción: se identifica una hipermasculinización de las estructuras corporativas y directivas, así como de los puestos de poder, toma de decisiones y visibilidad pública en las empresas mediáticas (Krijnen & Van Bauwel, 20152).

  2. En la dimensión de los contenidos: en la última década, hemos asistido a una explosión mediática de visibilidades y presencias femeninas al calor de la popularización de los feminismos. Sin embargo, la representación mediática de las mujeres (y otras identidades de género vulnerabilizadas) continúa siendo muy limitada en cantidad (infrarrepresentación e invisibilización) y/o en calidad (estereotipación y falta de diversidad y complejidad inter e intra-género). Esta representación responde a una visión del mundo heteropatriarcal, racista y capacitista que no es, por ende, sensible a las transformaciones sociales ni de las vidas realmente vividas de las mujeres.

  3. En la dimensión de la recepción: la decodificación y los usos que hacen las mujeres, en cuanto audiencia diversa y potencialmente reflexiva/crítica, de los contenidos mediáticos pueden ser heterogéneos y eventualmente creativos y disidentes respecto a los sentidos dominantes de los discursos y las representaciones mediáticas (Hall, 1980; Press & Johnson, 2020). Esto no quiere decir que estos discursos mediáticos no se configuren desde marcos interpretativos hegemónicos que re-produzcan un estado de cosas (y de pensar y vivir en dicho estado) dominante y radicalmente injusto y violento, particularmente para las mujeres. Los EEFC no niegan los efectos negativos o perniciosos de los mensajes mediáticos. Pero sí matizan la concepción de las mujeres como una masa receptora homogénea, pasiva, acrítica, sin esperanza de subversión, negociación o intervención en lo que quieren hacer de/con ellas los discursos mediáticos (ver Martínez-Jiménez, 2019).

Pese a la importancia de cada una de estas tres cuestiones por/en sí misma y entre ellas, lo cierto es que los EEFC, especialmente en el marco de la Academia española, han concentrado sus (escasos) recursos (humanos, temporales y económicos) en la cuestión de la representación (Gómez-Escalonilla y Izquierdo Iranzo, 2020).

2. Marco teórico: Comunicación, violencias contra las mujeres y efectos

La preocupación social, periodística y política por el tratamiento mediático y los efectos de las VVCMM comienza en el Estado español en torno a los años noventa. La inquietud se centra especialmente en cómo los medios pueden influir en: los agresores (efecto imitación/contagio, efecto “paso a la acción”); las víctimas (revictimización); las mujeres (generación de miedo); y la sociedad (moldeando percepciones sociales equivocadas o estereotipadas sobre el fenómeno).

El llamado descubrimiento mediático del problema tiene lugar con el asesinato de Ana Orantes (1997) a manos de su ex marido, José Parejo, poco después de que ella denunciara públicamente la violencia de género en televisión. Los medios se encontraron de bruces con los posibles efectos de su actuación, dando paso a lo que vino a denominarse como “víctima descubierta” o “creada” (Menéndez, 2010, p. 43). Asimismo, el movimiento feminista había sentado las bases para la concienciación, de modo que este feminicidio marcó un antes y un después en su cobertura mediática (Zurbano-Berenguer, 2015, p. 83).

Además, comenzaron las políticas para la erradicación de la violencia de género (la primera actuación fue la reforma del Código Penal), primero, y para la igualdad, algo más tarde. Este caso y la rápida activación legislativa estatal (sostenida e impulsada por un firme tejido asociativo feminista) situó al Estado español como pionero en la lucha contra las VVCMM.

Las evidencias científicas sobre cómo estos relatos condicionan las vidas, especialmente de las mujeres (Barjola, 2018), determinarán también la multiplicación de esfuerzos en el ámbito científico. Así, en los primeros años del desarrollo del campo de estudio, son numerosos los trabajos centrados en la terminología y la conceptualización de la violencia. Aun existiendo un marco de interpretación feminista que impulsa su reconocimiento (De Miguel, 2005; Ferrer y Bosch, 2006), para el contexto social y mediático, en ese momento, se trata de un problema social sin nombre (o erróneamente confundido con la violencia doméstica). Así, Susana Guerrero (2007), Miguel Lorente (2009ab), Manuel Peris Vidal (2013, 2015) y Aurora Edo-Ibáñez (2020) abordan las connotaciones, adecuación y politización de la terminología que las instituciones proponían en el nuevo marco jurídico y que tanta controversia lingüística y jurídica suscitó en su momento: la violencia de género (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre). Otro elemento esencial al que llevó la reflexión terminológica fue la conceptualización, caracterización y delimitación del propio fenómeno de las VVCMM en el nuevo marco normativo (Osborne, 2008).

La percepción social de las VVCMM está altamente influida por las delimitaciones establecidas en los marcos normativos. Estos presentan consecuencias especialmente interesantes en la práctica operativa de la dimensión del problema por parte de los medios (Zurbano-Berenguer, 2015; Peris Vidal, 2013, 2015, 2016). Así, Raquel Osborne inicia en 2008 un importante recorrido crítico sobre el aspecto técnico de la visibilización de las VVCMM. Bajo uno de los mayores adalides de los movimientos feministas y mediático-feministas del momento: nunca más el silencio, contar para dimensionar, dimensionar para sensibilizar; y sensibilizar para erradicar las violencias. De estos estudios sobre la parcialidad e infrarrepresentación estadística de las VVCMM, anclada en su conceptualización legal, provienen recientes cambios en el recuento y contabilización de las víctimas. Modificaciones que amplían la noción de víctima y, por ende, de victimario. Véase por ejemplo el caso de las víctimas de feminicidio sexual, que comenzaron a computarse en España en 2022 ( Sánchez-Ramos et al., 2024, p. 31).

Especialmente interesantes y prolíficos serán los estudios centrados en los efectos de los medios. Estos se han desarrollado tanto desde perspectivas sobre la influencia en la sensibilidad social —por ejemplo, Miguel Lorente (2009b) relacionaba el aumento de noticias sobre agresiones machistas con el incremento de la sensibilidad social hacia el problema—; como desde marcos basado en el efecto copycat o imitación —desarrollado, entre otras, por Vives-Cases et al. (2009) y Luna (2011)—. Sobre esta cuestión, muy discutida, existen algunas aportaciones clave como el estudio referenciado de Carmen Vives-Cases, Jordi Torrubiano y Carlos Álvarez-Dardet (2009). La investigación parte de la teoría de los marcos sobre la presencia de la violencia afectiva en televisión y revela, en términos generales, la gran influencia de los marcos discursivos en las consecuencias perniciosas de las noticias: “Las noticias que se centran exclusivamente en la transmisión de información sobre las muertes por esta causa parecen aumentar la posibilidad de muerte entre el 28 % y el 32 %” (Vives-Cases et al., 2009, p. 594). O, en palabras de Isabel Marzábal (2015, p. 361): “[los mensajes mediáticos pueden influir en] que individuos con «tensión conductual alta» realicen la misma conducta en cuanto tienen conocimiento que otros la han puesto en práctica”.

Los riesgos de la información sobre las VVCMM han sido ampliamente descritos y encuadrados en el acervo previo existente sobre efectos mediáticos del consumo de violencias en general. Así, las principales consecuencias sociales de la exposición al relato informativo de estas violencias específicas que se han desarrollado han sido: la imitación, la inducción a la insensibilización por repetición, y, sobre todo, la capacidad mediática para condicionar las percepciones sociales de vulnerabilidad (Aznar y Rodríguez Borges, 2024). Esta hipótesis del condicionamiento ha sido la más explorada en la última etapa coincidiendo con las evidencias de la influencia de los marcos en las respuestas sociales. Los medios de comunicación no solo pueden inducir imitación o insensibilización ante la violencia real, sino también —y, sobre todo— lo que pueden hacer es conformar versiones de la realidad, haciendo que se perciba, por ejemplo, más violenta de lo que ya es de por sí (Sanmartín et al., 2010). Sonia Núñez Puente, Diana Fernández Romero y Alessandra Farné (2018, p.186) apuntan además las consecuencias del consenso comunicativo respecto a la vulnerabilidad de la víctima: “si la violencia y la imagen de la mujer víctima se contemplan en un paradigma representacional, en el que ambas se presentan fijadas como un objeto de consumo mediático, las posibilidades de resistencia de dicha imagen se reducen”.

Vives-Cases et al. (2009) señalan

los efectos contrarios en informaciones no centradas en agresiones ni en los elementos dramáticos de los casos, sino en el contexto de amparo legislativo, repulsa social y respuesta institucional. Lo cual viene a establecer un matiz no poco relevante: no es el mensaje de violencia contra las mujeres el que incita, promueve o predispone a la violencia, sino el tipo de mensaje (Zurbano-Berenguer, 2015, p.181).

Esta conclusión aporta cierto optimismo a la capacidad de influencia positiva de mensajes que deben permanecer en la palestra pública y a los que se ha comenzado a temer por sus supuestas influencias conductuales en la comisión de nuevas agresiones machistas. En este sentido, autoras como Mariana Aldrete (2022), Hugo Aznar (1998, 2005), Paula Carballido (2009, 2010), Miguel Lorente (2009ab), Aimée Vega Montiel (2009, 2025), o Julia Yébenes (2005) centran sus propuestas no tanto en la inmediatez de los efectos sino en la capacidad, a largo plazo, de la influencia en varios planos: la visibilidad, el conocimiento completo-complejo y la sensibilidad social.

En resumen, pueden distinguirse dos enfoques en cuanto al estudio de los efectos mediáticos en materia de VVCMM: una primera, que los encuadra en la esfera del corto plazo y de la influencia directa sobre las conductas; y otra, más centrada en la capacidad de influencia cognitiva y de generación de sensibilidad social a medio o largo plazo. La segunda apunta claramente a la teoría de los marcos, advirtiendo de que la configuración noticiosa podrá servir para sensibilizar y generar rechazo, o bien, para incitar a nuevas agresiones dependiendo del marco narrativo. Estos estudios marcarán el desarrollo de las reflexiones deontológicas, de un lado, y, de otro, del diseño de políticas públicas al respecto —como la L.O. 1/2004, en la que los medios son interpelados como aliados en la erradicación de las VVCMM—.

2.1. El inicio de las reflexiones éticas: de la reproducción de la violencia a la implicación en su erradicación

La proliferación de material deontológico en torno a los años 1999 y 2023 (ver Edo-Ibáñez, 2020; Edo-Ibáñez y Zurbano-Berenguer, 2019; Sánchez-Ramos et al., 2024) es el fruto de una segunda etapa en la reflexión científico-profesional. Hemos de recordar que la primera ha sido definida como el descubrimiento mediático de las VVCMM y el inicio de los estudios centrados en la conceptualización del problema y en los efectos sociales de su representación mediática. A partir de las evidencias sobre las consecuencias de la actuación mediática y periodística —basadas en análisis sobre los discursos desde la óptica de las representaciones y los marcos, esencialmente— se inicia una senda sobre la ética periodística (Aznar et al., 2024).

Los medios empezaron a considerarse tanto elementos potencialmente peligrosos —de ahí determinadas iniciativas políticas de control de la prensa muy polémicas (ver Zurbano-Berenguer, 2015, pp. 182-186)—, como herramientas esenciales para la prevención y la erradicación de las VVCMM (Balseiro, 2008).

En esta etapa, los esfuerzos investigadores se concentran en el estudio de la capacidad de generar conocimiento y sensibilización que tienen los medios como espacio de debate público (Wozniak & McCloskey, 2010). Partiendo de las evidencias sobre la hipervisibilidad de narrativas centradas en el sujeto-víctima desde marcos revictimizadores y vulnerabilizadores (Gorosarri, 2021), algunas autoras reivindican “estrategias discursivas, basadas en el testimonio ético, que puedan desestabilizar no sólo los marcos normativos de inteligibilidad de la violencia, sino también el propio proceso de desmantelamiento de la inclusión de la violencia de género en el discurso público” (Núñez Puente y Fernández Romero, 2017, p.271).

Es interesante destacar cómo la evolución documental deontológica y las reflexiones éticas profesionales han estado relacionadas con el contexto político-social y con determinadas agresiones machistas, detectándose un aumento en momentos clave del desarrollo legislativo. En concreto, las VVCMM con mayor traslación de la esfera pública-mediática al campo normativo en España han sido el feminicidio de Ana Orantes en 1997 y la agresión sexual múltiple de La Manada en los Sanfermines de 2016 (Sánchez-Ramos et al., 2024, p. 57). Ambos casos sirvieron como dispositivos sociales vertebradores de la sensibilización en torno a los cuales se inicia la conceptualización de la violencia de género en el marco sexoafectivo, en el primero, y comienza el debate público sobre qué entendemos por violencias sexuales contra las mujeres, en el segundo.

En la Figura 1 se aprecian determinados hitos en la proliferación de documentos sobre cómo abordar informativamente las VVCMM donde destacan especialmente los años 2004 y 2007, años de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Asimismo, destaca la producción en los años de cobertura mediática del proceso judicial de La Manada (2016-2019) coincidente con la Huelga Internacional Feminista del 8M de 2018, cuyo impacto legislativo se hace patente en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Figura 1. Evolución temporal del acervo deontológico documental de VVCMM (1999 – 2023).

Fuente: elaboración propia con ChatGPT a partir del estudio Sánchez-Ramos et al., 2024.

Tal y como recoge la Figura 2, del total de 49 códigos éticos identificados (Sánchez-Ramos et al., 2024) a lo largo de las dos últimas décadas en España, el 30 % han sido realizados por la administración pública; el 35 % han sido elaborados en colaboración entre la administración y los medios y las asociaciones y colegios profesionales; y el 35 % restante provienen de medios de comunicación y del sector profesional, en sentido amplio. Se puede concluir, por tanto, que han sido las instituciones públicas las más proactivas en el desarrollo deontológico en materia de comunicación, periodismo y VVCMM. Por su parte, en cuanto a la distribución territorial de la producción deontológica destaca la labor de Cataluña (6) y Andalucía (5), comunidad pionera en 1999.

Figura 2. Mapa de calor de producción deontológica por comunidad autónoma, autoría y año.

Fuente: elaboración propia con ChatGPT a partir del estudio Sánchez-Ramos et al., 2024.

Por otro lado, es importante destacar que la alusión directa a los medios de comunicación por parte del aparataje normativo en materia de VVCMM no es baladí. De hecho, la inclusión de los medios y su definición como aliados en la lucha por la erradicación de las violencias machistas (violencia de género, igualdad y violencia sexual, respectivamente, en la L.O. 1/2004, la L.O. 3/2007 y la L.O. 10/2022) potencia la autopercepción positiva de los y las periodistas. Su articulado recoge, entre otras, la necesidad de un tratamiento mediático responsable alineado con la defensa de los Derechos Humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres, la difusión del principio de igualdad y de imágenes plurales que no reproduzcan estereotipos de género y que incluso velan, en el caso de la L.O. 10/2022, por la formación de periodistas para garantizar buenas prácticas en el tratamiento de las VVCMM. Esta responsabilidad social explicitada por parte del Estado influye en una mayor implicación del periodismo en el desarrollo de materiales deontológicos (Edo-Ibáñez y Zurbano-Berenguer, 2019). Como se aprecia en las Fig.1 y Fig. 2 anteriormente comentadas, es a partir de la promulgación de la L.O. 1/2004 cuando se dispara la producción y se aprecia una mayor presencia del sector profesional en la elaboración de documentos.

3. Objetivos

El objetivo es (1) cartografiar el origen y la evolución del desarrollo deontológico sobre el abordaje periodístico de las VVCMM y (2) analizar el debate ético-profesional suscitado. Esta retrospectiva se sitúa en el Estado español en el marco temporal 1999-20232 a fin de estudiar la relación entre las iniciativas político-legislativas, la documentación deontológica y el acervo investigador a partir de las tendencias identificadas.

El trabajo se asienta sobre un denso corpus de trabajo previo con el fin de poner en diálogo los hallazgos de las autoras con el marco teórico feminista para ofrecer un estado de la cuestión actualizado, crítico y situado que afiance la implementación de estrategias de transferencia. La investigación tiene un marcado carácter pionero pues, por primera vez, y de forma exhaustiva se recopila, analiza y correlaciona el material legislativo, deontológico e investigativo sobre VVCMM en el contexto español.

4. Apuntes metodológicos

Con el objetivo de dimensionar y caracterizar el campo y sus aportes, la presente investigación pone en diálogo los trabajos existentes para realizar un estudio longitudinal (1999-2023) de la ética mediática sobre VVCMM. Se ha seguido un planteamiento hipotético-deductivo y un diseño investigador cimentado sobre la revisión narrativa de la literatura (Cronin et al., 2008) y el análisis de contenido (Krippendorff, 1990), tanto de material documental (producción científica) como de entrevistas elaboradas a profesionales de medios y académicas.

Las fases e investigación que se han seguido son: (1) identificación y recopilación de la documentación ética existente (investigación documental e investigación cualitativa con profesionales); (2) lectura, análisis y categorización de las aportaciones; (3) interlocución entre la producción científica analizada y los resultados de la investigación cualitativa con profesionales y académicas.

Los resultados obtenidos son fruto de los análisis documentales y de su puesta en contexto con los resultados de las entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión con expertas del periodismo feminista fruto de los proyectos de investigación en los que se inserta3.

5. Documentación deontológica sobre violencias contra las mujeres

5.1. Cronología de la cobertura de las violencias machistas en los medios

Antes de la visibilización de las VVCMM como tema noticiable en las décadas de 1980 y 1990, la cobertura mediática era limitada y deficiente (véase Sánchez-Ramos et al., 2024, pp. 43-53). Los medios solo destacaban los casos de violencia más cruentos. A principios de los ochenta, la prensa solía incluir estos casos en las secciones de sucesos, refiriéndose a ellos como peleas o disputas matrimoniales (López Díez, 2002, p. 21).

Durante el régimen franquista en España, el semanario El Caso ejemplifica esta tendencia, presentando agresiones contra mujeres desde un enfoque de drama y crimen pasional, enmarcado en la “crónica negra” (Menéndez, 2010, p. 17). En ese momento, la falta de una conceptualización del problema como social y estructural impedía el desarrollo de terminologías específicas y fuentes periodísticas especializadas. La violencia contra las mujeres solo se consideraba noticiable en casos excepcionales, como el “Caso de las niñas de Alcàsser” (1992).

El punto de inflexión en la representación de las VVCMM fue el asesinato de Ana Orantes en 1997. El Instituto Andaluz de la Mujer publicó un decálogo de recomendaciones en 1999, marcando el inicio de la violencia de género como tema informativo. Posteriormente, y en el contexto del debate sobre la L.O. 1/2004, aumentaron las reflexiones y documentos éticos profesionales específicos (ver Fig. 2).

Desde 1980 la frecuencia de noticias aumentó significativamente, reflejando un cambio en la percepción sociopolítica del problema. De hecho, entre 1983 y 1998, el número de noticias sobre violencia de género en la prensa española se triplicó (Vives-Cases et al., 2002).

Según Fagoaga (1999), esta mayor presencia mediática generó dos efectos: el “efecto agenda” y el “efecto autorreferencia”. Las VVCMM se consolidaron como noticia relevante y, al igual que otros temas, experimentaron un proceso de imitación entre medios, reforzando su visibilidad social. Sin embargo, la cobertura siguió vinculada a casos de agresiones violentas. Progresivamente, las reacciones, medidas legislativas y manifestaciones sociales también se convirtieron en foco de interés informativo, aunque con menor representación frente a los casos, generando representaciones fragmentadas o episódicas.

Existen diversas periodizaciones sobre la aparición de las VVCMM en los medios y sus etapas ya que, aunque coinciden en lo esencial, difieren en la relevancia otorgada a ciertos eventos (véase Tabla 1). Algunas teóricas señalan cuatro hitos: el feminicidio de Ana Orantes en 1997; el acuerdo RTVE-Instituto de la Mujer en 2001 como inicio de la autorregulación; el feminicidio de Svetlana Orlova en 2007; y el “Caso Neira” en 2008 (Carballido, 2009).

Tabla 1. Hitos en la cobertura periodística de las violencias contra las mujeres.

Año Evento Contexto
1993 Caso Alcàsser Los medios realizan una cobertura morbosa y amarillista del triple feminicidio de las menores que espectaculariza la violencia sexual e instaura el “relato del terror sexual” (Barjola, 2018).
1997 Ana Orantes Visibilización del problema social y consecuencias éticas de la exposición de la “víctima descubierta” (Menéndez, 2010). Las organizaciones feministas y los medios reclaman este tipo de violencia como un tema de agenda.
1999 Primer decálogo El Instituto Andaluz de la Mujer publica el primer decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación para el tratamiento de la violencia contra las mujeres.
2001 Acuerdo de colaboración entre RTVE y el Instituto de la Mujer Se inician los primeros pasos para la autorregulación mediática.
2001 Las cifras de la violencia en los medios El País comienza a realizar la contabilización de las víctimas asesinadas a manos de hombres con los que guardaban una relación de ex/pareja.
2003 Las cifras de la violencia en el Estado El Gobierno comienza la estadística oficial de víctimas por violencia de género.
2007 Caso Svetlana Orlova Se repiten los errores cometidos 10 años atrás con Ana Orantes. Svetlana Orlova es asesinada por su ex pareja días después de asistir a un magacín de tarde, donde el agresor la esperaba por sorpresa para proponerle matrimonio en plató.
2008 Caso Neira Violeta Santander es agredida por su pareja, Antonio Puerta, en un hotel de Madrid. Un tercero, el profesor Jesús Neira, interviene y recibe una paliza que lo deja hospitalizado. La televisión privada espectaculariza y banaliza este caso de violencia de género convirtiendo a las víctimas en personajes televisivos con el enfrentamiento Neira-Santander.
2016 Caso La Manada Las violencias sexuales y el debate sobre el consentimiento copan la opinión pública a raíz de la cobertura de la violación de una chica de 18 años por cinco hombres en los Sanfermines de 2016.
2018 Editora de género Los medios españoles introducen la figura de la editora o corresponsal de género como profesional de la información especializada en la inclusión de la perspectiva de género con carácter transversal a todas las secciones. En España los primeros medios en introducir este puesto fueron El País y eldiario.es siguiendo la estela de The New York Times.

Fuente: Sánchez-Ramos et al. (2024, pp. 47-48).

En términos generales, las distintas cronologías propuestas comparten una visión optimista, enfatizando la postura adoptada por los medios de comunicación. Se destaca cómo las VVCMM, antes consideradas un asunto privado, han sido reconocidas como un problema público y social. Este cambio se evidencia en la evolución de “malos tratos” y “violencia doméstica” a conceptos como “violencia de género” y “violencia machista”, especialmente a partir de la L.O. 1/2004. Esta transformación no solo implica abordajes terminológicos, sino la inclusión de voces expertas y una mayor preocupación por las consecuencias de la violencia concebida en su complejidad.

5.2. Elementos de discusión deontológica

A lo largo del proceso de concienciación social y profesional, se han señalado diversas prácticas problemáticas en la cobertura de las VVCMM. Las críticas éticas más destacadas, recogidas en los documentos deontológicos ( Sánchez-Ramos et al., 2024, pp. 54-57), incluyen:

5.3. Material deontológico sobre violencias contra las mujeres en el Estado español

La proliferación de materiales deontológicos sobre VVCMM ha hecho frente a las recurrentes desviaciones identificadas en la práctica periodística. Estos materiales, que incluyen decálogos, manuales y códigos éticos, ofrecen directrices para una cobertura que contribuya a la erradicación de las VVCMM. Los debates ideológicos sobre la naturaleza de la violencia y la terminología adecuada motivaron a las instituciones a generar orientaciones que aseguraran una cobertura no lesiva y, además, con capacidad para generar efectos sociales positivos.

En el contexto español, la mayoría de estos códigos han sido promovidos por administraciones públicas, una práctica regulacionista que ha recibido críticas tanto de profesionales, quienes la perciben como una injerencia, como de la Academia, en cuestionamiento de su eficacia. Un estudio realizado en 2019 sobre 59 códigos dedicados a la cobertura de VVCMM (43 españoles y 15 latinoamericanos) concluyó que el compromiso disminuye con el tiempo y que la proliferación de códigos no se traduce en un alto nivel de dedicación, sino en una acción motivada por la deseabilidad social y el comportamiento políticamente correcto (Edo-Ibáñez y Zurbano-Berenguer, 2019).

En investigaciones recientes identificamos un total de 49 documentos deontológicos en España (Fig. 3) (Sánchez-Ramos et al., 2024). A pesar de la cantidad, las propuestas no varían significativamente entre sí y se ha constatado la relación entre su publicación y la deseabilidad social.

Figura 3. Producción deontológica sobre las VVCMM por comunidad autónoma (1999-2023).


Fuente: elaboración propia con Datawrapper a partir de Sánchez-Ramos et al. (2024).

6. Discusión, conclusiones y retos de futuro

Actualmente, existe un consenso compartido con el mundo profesional sobre la “necesidad de ejercer cierta pedagogía social en una estrategia de comunicación para la prevención y la sensibilización” (Carballido, 2009, p.180) que ha permeado a las políticas públicas y que ha situado, sin espacio para la duda, a los medios como aliados en la lucha por la erradicación de las VVCMM. Desde la promulgación de la L.O. 1/2004, los medios se configuran como potentes herramientas en la lucha contra las violencias machistas y se les dota de un carácter proactivo y pedagógico que amplía los límites de la objetividad periodística como valor supremo. Frente a momentos iniciales en los que se ha reflexionado mucho sobre las posibles lesiones de los derechos fundamentales de las víctimas en sus representaciones mediatizadas y sobre la revictimización y/o fetichización de las mismas, aparecen tendencias investigadoras que pivotan sobre nociones como la dignidad, la agencia y la subversión de los marcos hegemónicos de reconocimiento (Gámez Fuentes et al., 2019; Núñez Puente y Fernández Romero, 2017).

En este asunto de cómo comunicar para transformar son numerosas las aportaciones realizadas desde o en colaboración con el mundo periodístico (Edo-Ibáñez, 2020; Sánchez-Ramos et al., 2024). Del estudio se desprende la existencia de un amplio consenso ético en las representaciones discursivas sobre las VVCMM que las sitúan como un problema social estructural. En línea con los elementos de discusión deontológica mostrados en los resultados, los consensos (desarrollados por las autoras en trabajos previos) pueden sintetizarse en: contexto, emplazamiento, fuentes, figura de la víctima, figura del agresor, terminología y presentación de la información. Esta proliferación de materiales prácticos presenta cierto grado de redundancia y deseabilidad social, así como una falta palpable de estrategias sólidas y con dotación económica para la implementación de la necesaria formación profesional al respecto (Edo-Ibáñez y Zurbano-Berenguer, 2019). Aspecto que, en nuestra opinión, fundamenta las desviaciones éticas que seguimos detectando en los media. Los resultados de la investigación constituyen una base fundamental para el cambio en las redacciones y atienden, por tanto, al compromiso efectivo con la transferencia del conocimiento al sector profesional, al Estado y a la ciudadanía.

Tras la investigación realizada se están explorando en la actualidad dos vías de transferencia. La primera consiste en la progresiva incorporación de herramientas para la medición de la adecuación ética de las informaciones sobre VVCMM en algunas asignaturas del Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla de forma exploratoria. La segunda, está orientada a la formación especializada de profesionales de los medios. Desde 2024 las autoras han prestado servicios científico-técnicos en grupos mediáticos españoles sustentados en las evidencias que muestran los resultados de este estudio.

Por ello, es necesario profundizar en las nuevas formas de actuación periodística que, bajo el paraguas del feminismo, legitiman nuevos acercamientos narrativo-representacionales a las VVCMM. Nos referimos tanto a medios de comunicación feministas como a periodistas feministas de medios tradicionales que encarnan esta nueva forma de entender y proceder en el periodismo. Este nuevo periodismo, que no es sino una forma diferente de entender la comunicación en pro de la transformación social y la emancipación real de las mujeres, nos lleva además a replantear con suma atención el contexto digital como “nuevo” objeto de análisis. Este espacio se hace especialmente interesante y urgente en su abordaje debido a la alta presencia de los proyectos periodísticos (y activistas) feministas en la Red.

Las líneas de futuro que atisbamos se relacionan estrechamente con trascender la óptica de las representaciones para abordar las prácticas comunicativas desde el reconocimiento de la capacidad agente de las mujeres en la generación de contradiscursos mediáticos y narrativas de resistencia y cambio social. Lo anterior incluye no solamente la actividad desarrollada por colectivas feministas ciberactivistas (Gámez y Castillo, 2015; Núñez Puente et al., 2016; Núñez Puente et al., 2017; Hernández Conde et al., 2021), sino también las prácticas comunicativas feministas offline. Como hemos avanzado ya en trabajos anteriores, la propuesta es continuar con el abordaje de la labor profesional desarrollada por el periodismo feminista (De Frutos, 2025), tanto en medios convencionales como en proyectos periodísticos alternativos, ya sea en contextos online como offline, y reivindicarlo como una nueva línea de investigación de los Estudios Feministas de la Comunicación.

7. Apoyo

Esta investigación recibió financiación del programa de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Universidades (FPU18/00052, María Sánchez-Ramos) y del I+D+i «Autorregulación de la comunicación social: Estudio y Análisis de contenido de los Códigos éticos de 2ª Generación y elaboración de Protocolos de Aplicación» Ref. PID2021-124969NBI00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y «FEDER Una manera de hacer Europa». Asimismo, recibe apoyo del proyecto «Periodismo feminista. La importancia de la comunicación con perspectiva de género», Ref. B.2-2022_03, del Plan Propio de la Universidad de Málaga y de la Beca Fulbright obtenida por Sánchez-Ramos, cofinanciada por la Junta de Andalucía.

Las autoras constatan que no existe conflicto de intereses.

Notas: Las autoras de este artículo han adaptado las normas APA para visibilizar a las mujeres en la ciencia.